 En el transcurso de las operaciones e investigaciones del caso Astapa, en el que el PSOE de Estepona está implicado con su alcalde, Antonio Barrientos, a la cabeza y en prisión desde hace cuatro meses por diferentes irregularidades y delitos, la Policía encontró documentos en su despacho oficial que han hecho pensar a la juez Isabel Conejo, instructora del caso de corrupción, que al menos 30 afiliaciones al PSOE de Estepona pudieron haber sido canjeadas por contratos oficiales de trabajo en el Ayuntamiento de Estepona. Al parecer, la fecha de las altas en el partido coincide en su mayoría con el día de la firma del contrato de trabajo en el consistorio esteponero. Aunque el PSOE trata de hacer aparecer a Jesús Gil y su partido como el único responsable de las irregularidades de este tipo en la Costa del Sol, la evidencia indica que las mismas prácticas han sido desarrolladas por el PSOE. Sin embargo, la dirección provincial del PSOE en Málaga no sabe y no contesta tras conocer que uno de los flecos de la investigación del caso Astapa por corrupción en el Ayuntamiento de Estepona versa sobre las afiliaciones en el partido de personas contratadas por el consistorio.
Según se ha sabido ahora, hay 35 personas fichadas para la campaña veraniega de limpieza de las playas. Varios trabajadores de este contingente se afiliaron al Partido Socialista el mismo día en que firmaron sus contratos. Según cuenta El País, el Tribunal de Cuentas ya advirtió sobre estas situaciones en el informe que examinaba el periodo entre 1995 y 1999 [bajo el gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL)] aunque sus resultados no se conocieron hasta 2003. Igual que ocurrió en Marbella, el GIL de Estepona creó un entramado de sociedades municipales que facilitó la opacidad en la gestión económica y las contrataciones indiscriminadas. Los gobiernos siguientes, con dos alcaldes del PSOE y una regidora del PP, aprovecharon la infraestructura y siguieron engordando la plantilla municipal. En los últimos ocho años se ha pasado de 778 trabajadores a 1.361, mientras que la deuda que el Consistorio arrastra con la Seguridad Social por el impago de las cotizaciones ha subido de 18 millones en 1999 a 46 millones hoy.
El impago de las cotizaciones de la Seguridad Social de su enorme plantilla (43 millones) y el encargo descontrolado de suministros y obras (32 millones) ha contribuido a ahondar el agujero económico de sus arcas. A primeros de octubre, el municipio sufrió un embargo en las cuentas de tres sociedades municipales, que la Seguridad Social acordó levantar hasta que el municipio culmine un plan de saneamiento económico. El Consistorio necesita unos 50 millones para recobrar la normalidad. El Ayuntamiento tiene previsto reunirse próximamente con el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, para pedir ayuda financiera.
Las afiliaciones, como es natural, se convierten en votos en el seno de la agrupación socialista. Quien dispone de ellos puede ganar las elecciones internas a la jefatura del partido, como, al parecer, hizo Barrientos. Este fraude político interno y su correspondiente delito municipal son uno de los muchos "flecos" de la investigación, que se centra en los convenios urbanísticos de los últimos cinco años. También se estudian facturas de empresas concesionarias y gastos sin control. La figura del jefe de gabinete de alcaldía, José Flores, parece ya clave a la hora de establecer vínculos entre las contrataciones de personal municipal y el control de la agrupación socialista de Estepona. "Era público que Flores -actualmente en prisión- manejaba el PSOE y decidía a quién encumbraba a través de las listas electorales", coinciden varias fuentes en su comunicación al diario de Prisa.Todo ello, a pesar de que no tenía cargo orgánico alguno. Como mano derecha del regidor, a Flores también se le atribuye una gran influencia en las contrataciones municipales.
La juez ha pedido al PSOE la relación de afiliados en Estepona desde el año 2003 hasta ahora. La dirección del PSOE niega que sea así, y el secretario provincial en Málaga, Miguel Ángel Heredia, dijo ayer que la primera noticia al respecto la conoció ayer por EL PAÍS. También el presidente de la gestora de Estepona, Juan Paniagua, dijo no saber nada de si la policía o la juez habían solicitado la relación de afiliados. Fuentes de la dirección socialista han explicado que entonces se realizó un cotejo de la evolución de la afiliación, sin que se percibieran incrementos llamativos en fechas determinadas. Las mismas fuentes precisaron que es sabido que hay militantes que trabajan en el Ayuntamiento de Estepona, pero que eso es "normal" y ocurre en muchas otras ciudades y no se ha hecho ningún tipo de investigación interna sobre la antigüedad de militancia y de empleo en el consistorio, y que si en todo caso existiera coincidencia en ambas, no sería suficiente para considerarlo una irregularidad.
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