Chaves inauguró un hotel de lujo en Chiclana que no tenía todas las licencias

Manuel Chaves inauguró en 2007 un hotel de lujo en Chiclana, propiedad de su amigo Luis Portillo, a pesar de carecer de las licencias legales oportunas. El Ayuntamiento socialista autorizó irregularmente algunas de ellas en contra del informe de los técnicos municipales.

LD (Pedro de Tena) Luis Portillo es un empresario andaluz surgido de la nada en Dos Hermanas y catapultado a las más altas cumbres del capitalismo "salvaje" nacional, el inmobiliario, por su "más que amigo", Francisco Toscano Sánchez, patriarca del clan socialista Toscano, alcalde de Dos Hermanas, Sevilla, precisamente la localidad en que Manuel Chaves tiene dos pisos, y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

Este es el constructor de un hotel de cinco estrellas gestionado por la cadena Barceló en la localidad de Chiclana, hotel que fue inaugurado por Manuel Chaves el 22 de septiembre de 2007 cuando carecía de las licencias legales oportunas. El concejal socialista Joaquín Muriano Ayán, que autorizó irregularmente algunas de las licencias preceptivas contra el informe de los técnicos municipales y dos días antes de la entrada del nuevo gobierno municipal en mayo de 2007, está acusado por el propio Ayuntamiento de un delito de prevaricación. Ahora, el ex alcalde socialista José María Román, con el apoyo de varios tránsfugas, quiere arrebatar la alcaldía al PP, al PA y a una parte de IU que quieren investigar la corrupción socialista en Chiclana.

La inauguración del hotel Barceló Sancti Petri, un cinco estrellas de gran lujo con 195 habitaciones y 91 villas que gestiona la cadena mallorquina Barceló y es propiedad de Expo An SA, una de las empresas de Luis Portillo, tuvo lugar el día 22 de septiembre de 1987, poco después de las elecciones municipales que hicieron perder el gobierno al PSOE. Medio centenar de huéspedes inauguraron las instalaciones. Entre ellos y destacadamente, estuvo Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía. Sin embargo, el hotel carecía de las oportunas licencias legales cuando fue inaugurado por el presidente de la Junta.

Dos días antes de la toma de posesión del nuevo gobierno municipal, en lo que pareció un intento claro de justificar la inauguración del hotel y para allanar el camino de la legalización al empresario Portillo, el concejal socialista Joaquín Muriano Ayán dotó irregularmente al hotel de algunas licencias preceptivas a pesar de varios informes en contra de los técnicos municipales, motivo por el cual ha sido acusado de prevaricación en la querella presentada el pasado 31 de octubre por el Ayuntamiento de Chiclana, que no por un partido concreto.

Se da la circunstancia de que el señor Muriano Ayán era concejal de Urbanismo y vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo en el momento de producirse los hechos y que, además profesionalmente, es arquitecto superior, con lo que ninguna ignorancia podía ser alegada.

Irregularidades de Portillo: exceso de edificabilidad y posible venta de apartamentos

La Mercantil Desarrollos Turísticos Hoteleros Sancti Petri S.L., otra empresa de Luis Portillo, realizó la construcción de este Hotel y apartotel de 5 estrellas y piscina en el término municipal de Chiclana de la Frontera amparada por la licencia urbanística de obra mayor otorgada en virtud del Decreto 1.106 de fecha 12 de Junio de 2003 en el Expediente 347/03. En la parcela que ocupa el hotel, el aprovechamiento máximo ascendía a 25.295 metros cuadrados según la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Pero la empresa de Portillo incumplió lo que había aceptado en principio y por lo que le fue concedida licencia de obra.

El análisis de la propia documentación presentada por la Empresa promotora reflejó un aumento en la superficie construida computable o edificabilidad, de tal modo que el Informe Resumen de superficies y presupuesto refleja un aumento de superficie construida computable sobre rasante de 174 m2 y 2.090 m2 en sótano alcanzándose una superficie construida computable de 27.482,77 m2, muy superior a los 25.295 m2 de la máxima edificabilidad de la parcela.

Además, se transformaron los sótanos contemplados en los proyectos iniciales como de uso no público y que por ello no computaban a efectos de edificabilidad. Pero luego aparecieron como por encanto un spa, una bolera y un bar musical, por lo que ante el evidente uso público que dichas instalaciones tendrían en un futuro, la edificabilidad de dichos sótanos debían de computar a los efectos de edificabilidad total del complejo hotelero. Y así lo denuncian diversos informes Técnicos. El Informe Técnico de fecha 27.04.2007 suscrito por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Chiclana de la Frontera contiene un análisis pormenorizado de las superficies construidas computables y concluye sobre la existencia de un exceso de edificabilidad sobre rasante de 174 m2y de 2.745,99 m2 bajo rasante, con un total 2.919,99 m2 de exceso de superficie construida computable

Por ello, legalmente, no podía otorgarse la licencia de primera ocupación. La obra no cumplía ni con el planeamiento vigente ni tampoco con el proyecto que fue merecedor de la licencia de obras concedida, al excederse la edificabilidad máxima patrimonializable y autorizada al promotor. Tales informes más el de la Asesoría Jurídica de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Chiclana de la Frontera debió acarrear una denegación expresa de la licencia urbanística solicitada, pero nunca un otorgamiento expreso de la misma.

En lo que hace referencia a la venta de apartamentos del Hotel, el 21 junio 2004 se inscribió en el Registro de la Propiedad la división horizontal de los 94 apartamentos, lo que implica la posibilidad de venderlos como apartamentos de uso habitual o turísticos, en contra de la licencia que tenían concedida y que tan sólo abarcaba su uso como apartotel. Esta división horizontal permitió a la empresa de Portillo, el 1 de octubre de 2004, ampliar la hipoteca a 21.590.000 euros siendo avalistas las empresas también de Portillo, Expo an S.A. y Grupo Portival S.L. El 9 de mayo de 2005, por parte de la Gerencia de Urbanismo de Chiclana, gobernada por el PSOE, se pregunta curiosamente a Desarrollos Turísticos S.L. de Portillo si ha tenido conocimiento de que la maniobra realizada no está permitida.

Ante esta comunicación del consistorio chiclanero, Portillo contesta en una carta, el 22 de junio de 2005, que en entrevistas con Manuel Jiménez Barrios, por aquel entonces alcalde socialista de Chiclana, ya se le planteó que la empresa tenía que hipotecar las instalaciones y, para ello, necesitaban hacer la división horizontal, algo con lo que Barrios estuvo de acuerdo. Es por ello por lo que, tal y como indicaba en la misma carta, Portillo entendía que, “a pesar de que ahora el alcalde era José María Román, éste también lo consideraría correcto”.

 El comportamiento del concejal socialista Muriana Ayán

A pesar de todo lo cual el Concejal Delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera y Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Chiclana de la Frontera con fecha 25.05.2007 otorgó Decreto nº 1597 concediendo licencia urbanística de primera ocupación al hotel de Portillo. En el otorgamiento de esta licencia urbanística, el querellado, según el Ayuntamiento de Chiclana, se apartó expresamente del criterio, más que unánime, de los Técnicos municipales sobre el fondo del asunto, con total desprecio de dicho Informes técnicos y jurídicos evacuados y alejándose frontalmente de la legalidad urbanística del municipio de Chiclana de la Frontera.

Las obras ejecutadas jamás debieron recibir la "aprobación" municipal en forma de Decreto de concesión de la licencia urbanística de primera ocupación de la totalidad del complejo hotelero por cuanto excedían en mucho (un 11,5%) la máxima edificabilidad o aprovechamiento patrimonializable permitido para la parcela. La ejecución de obras contraviniendo las condiciones establecidas en la licencia urbanística que las ampare está tipificada como infracción urbanística grave en el artículo 207.3.a de la LOUA, y en su virtud debería haberse actuado conforme al procedimiento definido en el artículo 186 de la LOUA, tramitándose al efecto un Expediente sancionador por la infracción urbanística ya comentada y un Expediente de Protección de Legalidad conducente a la reposición de la realidad física alterada.

Pero el concejal Murian Ayán no ejecutó la apertura del preceptivo Expediente Sancionador ni tampoco del preceptivo Expediente de Protección de la Legalidad, con absoluto desprecio de la legalidad urbanística vigente en el municipio de Chiclana de la Frontera.

Finalmente, la referida instalación hotelera fue inaugurada el 22.09.2007 por el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves González, que inauguraba así un hotel ilegalmente construido. Por ello, según el gobierno de Chiclana, los hechos descritos, sin perjuicio de ulterior calificación, son constitutivos de un delito de prevaricación del artículo 404, en relación con el artículo 320.2 del Código Penal, delito de prevaricación agravada, si se tiene en cuenta el criterio establecido al respecto por nuestros Juzgados y Tribunales de Justicia sobre la denominada "prevaricación urbanística" y por todos ellos la Sala de lo Penal del Tribuna Supremo en Sentencia núm. 1440/2003 de 31 de octubre.

Muy poco después de estos hechos, tuvo lugar lo que ya es conocida como la "Operación Nochebuena", como la llamaron algunas Cajas de Ahorro andaluzas, que fue referida con detalles por El Confidencial. La operación Nochebuena, realizada con el apoyo necesario de Manuel Chaves, fue el desesperado intento de sostener la cotización de la inmobiliaria Colonial, regida entonces por Luis Portillo, en bolsa, con el respaldo de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno en La Moncloa y el dinero que debían aportar las seis cajas de ahorro de Andalucía, cuyos presidentes fueron convocados a una reunión de urgencia que debía celebrarse en Sevilla en la mañana del lunes 24 de diciembre, día de Nochebuena de 2007. Habían pasado apenas tres meses desde la inauguración del hotel de Chiclana.

En efecto, en la mañana del sábado 22 de diciembre, los presidentes de las entidades de ahorro andaluzas fueron contactados por responsables de la Junta de Andalucía para asistir a una reunión en Sevilla, en la cual se iba a tratar la situación de Colonial y la forma de ayudar a la inmobiliaria a salir del bache, operación que contaba, con el pleno respaldo del Gobierno, de David Taguas y, naturalmente, de Manuel Chaves.

Pero los distintos responsables de Cajas, con excepción de Antonio Pulido, hombre de confianza de Manuel Chaves y actual presidente ejecutivo de Cajasol manifestaron enseguida su deseo de escurrir el bulto enviando a la reunión sevillana a representantes de segundo nivel, en un movimiento destinado a eludir la toma de cualquier compromiso que pudiera comprometerles. La reunión en cuestión se celebró, en efecto, en la mañana del 24 de diciembre pasado.

Entre los oficiantes del cónclave estaba, cómo no, el más que amigo de Portillo y alcalde socialista de Dos Hermanas Francisco Toscano Sánchez, responsable en gran medida de la deslumbrante irrupción inicial de Portillo en el mundo del ladrillo. Junto a Toscano, José Antonio Viera Chacón, ex delegado del Gobierno en Andalucía, ex consejero de la Junta y actual secretario provincial del PSOE de Sevilla, además de número dos de la lista de Sánchez Monteseirín a la alcaldía hispalense, entre otros cargos, siempre ligados al PSOE andaluz. A los reunidos se les explicó que el plan consistía en sostener la cotización de Colonial en Bolsa mediante la aportación de 100 millones de euros que serían proporcionados de forma alícuota por las Cajas. De acuerdo con las fuentes, “a los reunidos se les informó que aquella misma mañana, y a la misma hora, el propio Luis Portillo estaba reunido con David Taguas en La Moncloa coordinando el plan de rescate”.

Afortunadamente para las Cajas y para los impositores andaluces, fue imposible tomar decisiones en firme, puesto que cada uno de ellos se escudó en la necesidad de transmitir la petición que acababan de recibir a sus respectivos presidentes para que obraran en consecuencia. En suma, las entidades lograron evitar con esa treta el pago de ese impuesto revolucionario. Poco después, el día de los Inocentes, Portillo era defenestrado de Colonial.

En el acuerdo municipal que firmó el alcalde de Chiclana, el popular Ernesto Marín, el pasado enero de 2008, se dice que "se ha generado una problemática compleja en torno a las viviendas irregulares, fuera de todo planeamiento, que se han multiplicado sin control, a lo largo de todo el término municipal, y se ha aprobado tras un trámite largo y con reveses judiciales, un nuevo P.G.O.U., vigente desde marzo de 2007. El Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera ha sido gobernado durante veintiséis años consecutivos por el PSOE, desde el año 1.981 hasta el año 2.007, con mandatos de mayoría absoluta en casi todas las Corporaciones.

Y sigue el acuerdo diciendo que "durante el ejercicio 2007, se sucedieron noticias en prensa que denunciaban indicios de irregularidades en nuestro ámbito municipal. Muestra de ello son los conocidos caso Coto San José, o Mogarizas, y en este último, incluso, ha recaído sentencia judicial que condena al Ayuntamiento como responsable subsidiario de la Sociedad Anónima Municipal, EMSISA, al pago de una indemnización de más de doscientos mil euros, por eludir uno de los trámites de publicidad en la adjudicación de unas obras de urbanización."

Y continúa expresando que: "resultando, que a consecuencia de los citados hechos, se ha visto afectada la percepción del ciudadano sobre que la Administración está controlada, que ese control es auténtico y que a través del mismo se conoce todo lo referente a la correcta utilización de los recursos públicos." Por ello, pide a la Cámara de Cuentas de Andalucía la emisión de un informe de fiscalización en el que se haría constar entre otras cuestiones, la observancia de la legalidad reguladora de la actividad económica financiera y de los principios contables aplicables. También el grado de cumplimiento de los objetivos previstos y de los principios de eficacia, economía y eficiencia en la ejecución de la gestión pública y por último, la existencia de infracciones, abusos o prácticas irregulares detectadas. "En dicho informe de fiscalización se incluirían así mismo, las medidas correctoras que procedan para mejorar la gestión económica y financiera de las entidades fiscalizadas", se añade. 

Pidió además que el informe abarque tanto al Ayuntamiento chiclanero como a su Organismo Autónomo (GMU) así como a las dos sociedades municipales, Chiclana Natural y Empresa Municipal de Suelo Industrial, S.A (EMSISA) relacionadas con el urbanismo y que contemple los años transcurridos desde 1999 a 2007.

El Partido Popular de Chiclana acusó y acusa al PSOE de archivar el expediente urbanístico que sancionaba a una empresa propiedad de Luís Portillo y constructora de un equipamiento hotelero en el Novo Sancti Petri, explotado actualmente por la cadena hotelera Barceló. El PSOE lo negó, hablando de otro expediente distinto, que se legalizó a cambio de casi dos millones de euros.

El PP de Chiclana ha recordado a Libertad Digital que, además, que entre los expedientes sancionadores archivados de los que dimos cuenta este martes, "se encuentran además, de forma escandalosa, los de familiares directos de concejales del PSOE. En concreto, se dio carpetazo a un expediente del hermano de José María Román, del primo hermano de la mujer de José María Román y del tío del concejal Ruiz Piñero, denunciado también por el archivo de su expediente urbanístico". Estos formarán parte, casi con toda seguridad, del nuevo gobierno que salga tras la aprobación de la moción de censura presentada contra el actual gobierno de Chiclana.

Los miembros del Partido Popular chiclanero destacaron en su día que "se da la circunstancia agravante de que incluso se llegaba a redactar el Decreto sancionador pero el concejal de urbanismo del PSOE no lo firmaba, por lo que es más que evidente el carpetazo que se le daba al mismo". Por otro lado, en los otros expedientes, sólo consta la denuncia de los inspectores sin más trámites, por lo que "es evidente el ánimo del PSOE de archivar por la vía rápida los expedientes de sus familiares", aseguran.

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Según el criterio del fiscal, los alcaldes socialistas de Chiclana habrían prevaricado desde 1983

Escrito por Por Andalucía LIbre

lunes, 10 de noviembre de 2008

El PP ha denunciado ante la Fiscalía  y se ha ratificado en la denuncia el pasado viernes, que 1.717 expedientes sancionadores por irregularidades urbanísticas incoados por el equipo de gobierno socialista desde 2003 a 2006 sólo se cobraron 10. Es decir, 1707 expedientes fueron olvidados en un cajón y tal olvido tuvo consecuencia la pérdida de más de 100 millones de uros para el Ayuntamiento de Chiclana. Según el criterio del fiscal de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Ángel Núñez, (ascendido recientemente a Fiscal coordinador en Andalucía de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y Urbanismo) en el ámbito urbanístico, la prevaricación no se deriva solamente de la concesión de licencias ilegales o la emisión de informes conscientemente contrarios a las normas urbanísticas, sino que es consecuencia de la omisión del ejercicio de las facultades de disciplina urbanística. Según este criterio, los alcaldes socialistas que han gobernado Chiclana desde 1983 podrían ser acusados de dicho delito habida cuenta que en sus mandatos las viviendas ilegales han llegado ser 40.000. Muy especialmente podría serlo el último de ellos, José María Román, porque bajo su etapa de gobierno se han visto "olvidados" nada menos que 1.707 expedientes de irregularidades urbanísticas. Sin embargo, la fiscalía de Cádiz no ha abierto en todo ese período una investigación especial sobre el caso Chiclana a pesar de las similitudes con el caso Astapa, de Estepona. Las afirmaciones de Ángel Núñez sobre la prevaricación por omisión están recogidas en una conferencia que está publicada íntegramente en la página web La Laja. En dicho texto puede leerse lo siguiente; "Otro problema importantísimo, tampoco imputable a los Tribunales de Justicia, se plantea en el ámbito de la prevaricación. Porque la verdadera problemática de la prevaricación en el ámbito urbanístico, quitando los casos de Marbella y algún otro, no es la que se deriva de la concesión de licencias ilegales o la emisión de informes conscientemente contrarios a las normas urbanísticas, sino la que es consecuencia de la omisión del ejercicio de las facultades de disciplina urbanística." De ser así, ¿no cabe considerar que haber dejado prescribir 1717 expedientes urbanísticos y haber dañado en más de 100 millones de euros a las arcas municipales de Chiclana es una omisión flagrante de las facultades de disciplina urbanística y, consecuentemente, un probable delito de prevaricación? Según el texto de la denuncia, que obra en poder de Libertad Digital, siete concejales del equipo de gobierno de coalición que gobierna Chiclana desde 2007, han denunciado estos hechos de los que hacen responsables concretos  a los Alcaldes-Presidentes del  Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera en la época en que ocurren los hechos, fueron DON MANUEL JIMENEZ BARRIOS y DON JOSÉ MARÍA ROMÁN GUERRERO, pertenecientes al P.S.O.E.  Igualmente se señala acusatoriamente a los  Concejales-Delegados de Urbanismo y vicepresidentes de la Gerencia Municipal de Urbanismo, fueron DON JUAN JESÚS JIMÉNEZ MARTÍN y DON JOAQUÍN MURIANO AYÁN, asimismo pertenecientes al P.S.O.E. Finalmente, se acusa a los Concejales-Delegados de Economía  y Hacienda, DON JOAQUÍN MURIANO AYÁN Y DOÑA MANUELA DE JESÚS MORENO GÓMEZ, también pertenecientes al P.S.O.E. Los 1717 expedientes fueron incoados entre 2003 y 2006 según el desglose anual siguiente: AÑO                      NÚMERO EXPEDIENTES 2003                                      399 2004                                      428 2005                                      435 2006                                      455 Del total de expedientes sancionadores incoados, únicamente fueron comunicadas al Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Chiclana, un total de quince sanciones, correspondiendo una al año 2005, y catorce sanciones al año 2.006. En  los años 2.003 y 2.004, 110 se envió al cobro ninguna sanción en materia urbanística. De las quince sanciones urbanísticas puestas al cobro, tan solo fueron cobradas diez de ellas, todas correspondientes al año 2006, y fueron datadas dos de las sanciones urbanísticas impuestas. Se recuerda en la denuncia de los concejales del PP que fue precisamente un hecho similar el que determinó la Operación Astapa en Estepona. También allí, bajo el mandado del socialista Antonio Barrientos, tuvo presuntamente lugar "el archivo masivo de por infracciones urbanísticas, incluso en menor número que los datos que se aportan de Chiclana de la Frontera. El alcalde socialista de Chiclana se negó a dar esta información pero fue obligado a hacerlo por un Juzgado de Cádiz José María Román Guerrero, alcalde socialista de Chiclana, se negó a facilitar en cinco ocasiones la información de los expedientes archivados al PP. Por ello, la concejala popular María Teresa Ruiz Sillero interpuso el 27 de febrero de 2007 un recurso especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona por la negativa del alcalde a suministrar dicha información.  Finalmente, la información se obtuvo mediante sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 1 de Cádiz, de fecha 17 de diciembre de 2.007, recaída en el Procedimiento Especial de Derechos Fundamentales 4/07, por la que se condenó al  Ayuntamiento de Chiclana a entregar la información solicitada en relación con procedimientos sancionadores y sanciones urbanísticas a la concejala doña M8 Teresa Ruiz. - Sillero Bernal.     No se solicitaron datos sobre los expediente sancionadores incoados en el periodo corporativo anterior, 1999-2002, aunque podrían obtenerse datos semejantes, habida cuenta que se estima entre 15.000 y 30.000 las viviendas ilegales existentes en el término municipal de Chiclana. Por aquella información obtenida por sentencia judicial, se supo que la Gerencia Municipal de Urbanismo de Chiclana de la Fra., abrió 1.717 expedientes por infracciones urbanísticas en cuatro años, (2.003 a 2.006) y se procedió al archivo masivo de 1.702 expedientes sancionadores en materia urbanística.     Y sigue el texto de la denuncia: "Al no concluirse los trámites de los expedientes sancionadores en materia urbanística, y quedar aquellos sin resolver, devenían muertas las ilegalidades urbanísticas contenidas en los mismos, sin que se actuara por parte de los poderes públicos, ni por la propia Administración Local, ni por instancias superiores con competencia en la materia, La sensación de impunidad, y el efecto llamada que esta "NO actuación" de la Administración ha provocado en nuestra localidad es clara: 30.000 viviendas ilegales según datos referidos en prensa por Ángel Núñez, Fiscal coordinador en Andalucía de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y Urbanismo. Ello ha lastrado de forma irreparable el desarrollo urbanístico de la ciudad y ha provocado un profundo problema social al haberse impuesto "de facto" una situación de impunidad respecto de las infracciones urbanísticas que han disparado dichas ilegalidades por todo el término municipal. Con lo que se podría haber incurrido en su caso, en la comisión de delitos medioambientales". Como ya hemos dicho, según el mencionado fiscal, puede colegirse asimismo un delito de prevaricación por omisión. Como consecuencia de esta negligencia y de la dejadez de funciones de los concejales y alcaldes del PSOE, el PP ha estimado en 100 millones de euros el perjuicio ocasionado a Chiclana por los gerifaltes socialistas. 10 millones en calidad de las sanciones no recaudadas y el resto en calidad de impuesto municipal de construcciones y obras así como la recaudación de las licencias municipales de obras y de primera ocupación. El PP solicitó de la Fiscalía la incoación de diligencias de investigación para el esclarecimiento e los hechos advirtiendo de su posibilidad de interponer una querella incluso ante el Tribunal de Cuentas, contra las personas y por los hechos constitutivos de delito que resultaran de tal investigación.

ERA JEFA DE SEGURIDAD DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA

Despiden a una mujer que se negó a echar a trabajadores para contratar a afiliados al PSOE

"Dime a quién despedimos, que hay que contratar a los del PSOE". Es una frase para la historia de la inmoralidad política en Andalucía. Ocurrió en la Diputación de Granada (en la imagen, su presidente) y estos hechos son considerados "probados" por la sentencia que favoreció a la responsable de Segurisa en la Diputación de Granada, Ascensión Ruiz Ruiz, que se negó a aceptar la orden del PSOE y que, por ello fue sometida a "mobbing" y finalmente despedida.

LD (Pedro de Tena) Este es un nuevo método de colocar a los amigos, familiares y correligionarios y tiene que ver con las empresas privadas. Se coge a una empresa privada a la que una Institución ha contratado para un servicio y se le conmina a que dé una lista de trabajadores que pueden ser despedidos para que sus puestos sean ocupados por personas del Partido Socialista o decididas por el Partido Socialista. Según ella misma en declaraciones a El Mundo, fue incluso amenazada de muerte por negarse a meter a gente del PSOE en la Diputación. Viñeta de Canalsú.

Hasta ahora se conocían algunos métodos básicos de colocar a familiares y amigos del PSOE en las Administraciones y Empresas Públicas: por la cara, como se ha hecho en muchas ocasiones en las empresas públicas; con pruebas de acceso diseñadas ad hoc para las ocasiones; desarrollando y ampliando el número de interinos, eventuales y laborales; haciéndolo por libre designación; aprovechando la mayoría del número de militantes socialistas en los tribunales de pruebas de acceso en pueblos y diputaciones; impidiendo el libre acceso del público a puestos de trabajo de acuerdo o no con los sindicatos... Un amplio operativo destinado a "ocupar" posiciones de poder en los órganos vitales, económicos y administrativos de la sociedad andaluza.

Pero este nuevo método era desconocido. Toda la prensa andaluza, incluso El País, ha destacado que una sentencia ha revelado prácticas verdaderamente "reprochables", según el Juez, en la Diputación de Granada para contratar a "amigos, familiares o militantes" socialistas. La tropelía, que conllevaba el despido de profesionales de la empresa con familias a cargo para beneficiar a militantes socialistas fue protagonizada por el coordinador de Seguridad de la Diputación de Granada, Juan Carlos Adarve, un histórico del PSOE de esta provincia. Este es un cargo de confianza y de libre designación del Presidente socialista de la institución granadina, Antonio Martínez Caler, y, por si fuera poco, es miembro de la Comisión provincial de PSOE granadino además de responsable de la administración y el patrimonio. También pertenece a la Asamblea de CajaGranada.

Este cargo de confianza socialista pidió a la jefa de Segurisa en la Diputación de Granada el listado de candidatos a ser despedidos, para colocar en su puesto a los militantes del PSOE. Se dice en la sentencia que "todo se explica con las irregularidades en el proceso previo de adjudicación del contrato". El magistrado del Juzgado de lo Social número 1 de Granada, Jesús Rodríguez Alcázar, se pregunta en su sentencia cómo el coordinador de seguridad de la Diputación, Juan Carlos Adarve Moreno, "podría tener esta capacidad de influencia en una empresa privada como es Segurísa". La empresa se hizo con la adjudicación del servicio de vigilancia y seguridad de los centros públicos de la Diputación de Granada por valor de 4,3 millones de euros el 1 de enero de 200S. El juicio seguido por el despido de la jefa del servicio de seguridad privada de la Diputación, Ascensión Díaz Ruiz, ha puesto al descubierto irregularidades en esa adjudicación, propiciada al parecer por el propio Adarve si bien el Juzgado no considera suficientemente acreditada tal intervención.

Eso sí, el juez añadió que aunque ese asunto "no es objeto de este proceso ni se ha practicado prueba suficiente, por lo que las personas que puedan conocer lo sucedido deberían en su caso denunciar penalmente tales hechos". Con estos antecedentes, los responsables socialistas acosaron y despidieron a los dos meses a esta trabajadora, separada y con 4 hijos, que se negó a facilitar los 'enchufes'." Para el juez ha quedado "plenamente acreditado" que el "origen" de las diferencias surgidas con la jefa del servicio de seguridad de la Diputación fue su negativa a facilitar un listado de trabajadores que "podían ser despedidos". Llevaba 12 años trabajando en la Diputación al frente de los vigilantes de seguridad.

Estos hechos han quedado acreditados con la "creíble" declaración de la trabajadora que fue despedida y del "testigo presencial" Lisardo Antequera, el cual "de forma clara y rotunda sostuvo que delante de él" el cargo de confianza, Adarve, le pidió a Ascensión Díaz Ruiz el listado de nombres para despedir, señala el fallo. Cuando la jefa de servicio se negó a las pretensiones del cargo de confianza, fue desalojada del despacho que ocupaba en la Diputación y dejó de cobrar un complemento de 900 euros que percibía.

Para justificar estas represalias, la empresa dio "una explicación absurda", como decir que el desalojo del despacho es "por el bien de la trabajadora, debido a la mala cobertura de los móviles en el sótano en el que estaba, cuando allí disponía de teléfono fijo y ordenador con conexión a internet", dice el fallo. Además se desvela que el tal Adarve "ordena colocar una cámara de seguridad que graba el lugar en el que se encuentra" la trabajadora que luego fue despedida.

La visión de la afectada revela cómo opera "la tela de araña". 

En una entrevista publicada este jueves por El Mundo con Ascensión Ruiz esta dice haber sido amenazada de muerte por negarse a meter a gente del PSOE en la seguridad privada de la Diputación de Granada. Este un fragmento:

Pregunta.-¿Cómo se quedó cuando el cargo de confianza del PSOE Juan Carlos Adarve le dijo que debía darle una lista con nombres de vigilantes que se podían despedir para contratar a (militantes, familiares y amigos del PSOE», tal y como dice la sentencia?

Respuesta.- Fue una sorpresa. Ya en otras ocasiones me había dicho que contratáramos a una persona o a otra. Era una práctica habitual, pero nunca con despidos por

delante. Si había hueco para trabajar, él daba el visto bueno a los curriculum de los vigilantes. Mi sorpresa es que cuando le digo que no hay hueco, me dice "pues dime a quién podemos despedir".

P.- ¿A quién quena contratar?

R.- Me dijo que era un favor personal que le debía al secretario general de la agrupación socialista de Chauchina [un municipio de Granada] y que tenía que meterlo a la fuerza. Tenía mucha prisa. Dicho y hecho. Ya había gente del partido [socialista] trabajando por orden suya, pero lo hizo sin hacer este daño de querer despedir a otras personas.

P.- ¿Tenían algún privilegio los del PSOE?

R.- Sí. En otras ocasiones ya me había dicho, 'hazle un contrato indefinido a éste' y yo le respondía que no, que había otros más antiguos, pero le daba igual.

P.- Entonces, sólo entraban las recomendaciones del PSOE?

R.- Totalmente, es que entraban todos los que decía él [Juan Carlos Adarve, el cargo de confianza]. Normalmente, eran favores. De una chica en concreto que contratamos, Adarve me dijo que era un compromiso directo del presidente [de la Diputación de Granada, Antonio Martínez Caler], pero en ese caso no hubo daño porque otro compañero pidió una excedencia y entró por él. Hubo favoritismo, pero no un daño, no era esta barbaridad que me pedía ahora.

P.- La sentencia reconoce que era «habitual» que cuando se debía cubrir algún puesto entre los vigilantes de seguridad «se acudiera a personas cercanas al PSOE, siendo Adarve quien indicaba el nombre de quien podría ser contratado».

R.- Sí, Adarve tenía que dar el visto bueno a todos y decía quién entraba y quién no. Luego, en conversaciones informales, me contaba 'éste es' del PSOE, éste es concejal de no sé dónde'... Siempre sabíamos que eran personas cercanas al partido y amistades del partido.

P.- ¿Por qué tenía tanto poder Juan Carlos Adarve?

R.- [Silencio] Lo único que puedo decir es que conmigo ha alardeado de que él ha llevado, digamos, las miserias del partido [socialista] y se veía bien protegido. Pensaba que ... No sé cómo explicarlo...«Juan Carlos Adarve se sentía intocable porque tenía información sobre las miserias del PSOE»

Cese del "cargo de confianza"

Aunque el PP pidió este miércoles la dimisión del presidente de la Diputación Provincial de Granada, Antonio Martínez Caler (PSOE), por considerar que, como conocedor de los hechos, tiene la máxima responsabilidad en este caso, el que sí ha sido destituido en sus funciones ha sido "el cargo de confianza", el históricos del socialismo granadino Juan Carlos Adarve.

La decisión de su relevo se tomó ayer, sólo un día después de conocerse una sentencia que establece que Juan Carlos Adarve y la empresa adjudicataria del servicio de seguridad de la Diputación acosaron laboralmente a una vigilante. A pesar de la sentencia detalla que el motivo del acoso fue que la trabajadora se negó a facilitar a Adarve nombres de compañeros a los que "se podía echar" para contratar a otros, "militantes del PSOE, familiares o amigos de éstos", la Diputación, gobernada por PSOE e IU en coalición, negó ayer los hechos y aseguró que "jamás" ha ordenado el despido de ningún trabajador ni la contratación de militantes socialistas.

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Paro registrado en octubre: los peores datos de la Historia andaluza

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MOVIDA EN CC.OO

Escrito por Por Andalucía LIbre

jueves, 30 de octubre de 2008

Me cuentan que posiblemente haya candidato alternativo a Fidalgo. ¿Y quién es? Pues un histórico de CC.OO. como Fernández Toxo, otrora líder de la poderosa Federación de Metal de CC.OO e integrado actualmente en la estructura confederal de Fidalgo como secretario de acción sindical. El rumbo que CC.OO ha tomado en estos últimos años al lado del gobierno de Zapatero, al parecer, no es muy del agrado de muchos de los llamados históricos del sindicato. Sobre todo está el hecho de que la crisis financiera va a dejar un reguero de parados por todos los caminos de España, y parece que nadie hasta ahora se está preocupando de la suerte de ninguno de ellos. Los Expedientes de Regulación de Empleo están en las portadas ya de todos los medios nacionales y los trabajadores quieren respuestas rápidas y contundentes de su inmediato futuro y de sus familias por parte de las centrales sindicales. El contador de parados corre mes a mes y nadie se atreve a intentar detenerlo. Hace 20 años se convocaban enormes movilizaciones por estos hechos. Ahora hay una ausencia notable de movilizaciones - si exceptuamos la mediática de la sanidad madrileña- ante problemas urgentes, graves y de un calado dramático que afectan al total de la sociedad española. De tomar cuerpo esta candidatura alternativa al otrora indiscutible Fidalgo, toda la estructura de CC.OO. saldría tocada, el reparto de fuerzas ya no sería el actual y muchos líderes regionales verían peligrar sus sillas. Pasaría a la historia – de un solo golpe- aquello de la mayoría natural, y sobre todo, el sector llamado crítico. Aun hoy resuenan todavía los ecos de aquello de vienen tiempos criticcoos, con un Agustín Moreno enfrentado a la autollamada mayoría. La lucha entre estas facciones dejó que muchos se arrimaran a cargos de estructura aprovechando el fuego cruzado y el enorme desgaste que sufrían ambas fuerzas. Serían estos hoy las delicias de un Robert Graves. Los años pasados han dejado profundas heridas en algunos militantes y cargos, CC.OO reivindica su independencia y su posición en el mapa social del país, tras un devenir que ha provocado lo que muchos llaman ya la acción sindical de vía muerta. Unido esto a movimientos internos que colocaron en las cúpulas a gente que provenía de las poderosas federaciones de administración y servicios, es decir, provenientes de las administraciones públicas. Muchos piensan que si un sindicato no lo dirige el metal o la construcción qué sindicato es este. Sobre todo ahora que la parálisis de la construcción ha provocado una sangría entre estos trabajadores y no saben cuándo volverán a tener una nómina entre las manos. Al hilo de lo anterior, procesos similares han ido de la mano de la otra central sindical. Aun no sabemos qué nómina tiene el de enfrente, Cándido Méndez, pero sí sabemos que el de Andalucía –Manuel Pastrana- pertenece a la todopoderosa FSP (federación de servicios públicos) y que es trabajador de la Diputación de Jaén. Incluso algunos de ellos han ido como diputados del PSOE en la anterior legislatura, como Eduardo Bohórquez, quien fue Secretario General de UGT-Sevilla y de FETE- A, y hoy es alto cargo de la Junta de Andalucía. La movida de CC.OO llega hasta Sevilla, en que hoy día 30, el secretario general de CCOO - Andalucía presentará, en rueda de prensa, al candidato, de la autodenominada mayoría de CC.OO, para dirigir la Unión Provincial de Sevilla. Se trata de Alfonso Vidán Martínez, quien era miembro de la ejecutiva regional de la COAN en calidad de adjunto a la secretaria de formación. Parece que esta candidatura puede ser el punto y final del actual secretario general de la U.P. de Sevilla, Rafael Serra, quien abanderaba el llamado sector crítico. El acoso sufrido por Rafael Serra y su equipo ha sido demoledor por parte de esa llamada mayoría natural que ha ido enrolado en sus filas a todos los damnificados del sector crítico, aunque no sean corredores de fondo, ni estén dotados para ello. Se trataba de recoger a los resentidos y a los perdedores de los anteriores procesos congresuales. Otros, en cambio, han engordado las filas mayoritarias a ver qué cargos obtenían a cambio. Toda esta lucha ha privado a Sevilla de magníficas generaciones de sindicalistas que han sido fagocitados por las energías de una batalla que era de todo menos ideológica. Todo esto puede cambiar de un día para otro si Fernández Toxo lanza su candidatura. Este movimiento dejará totalmente descolocados a muchos líderes provinciales y regionales y la correlación de fuerzas tomaría un rumbo totalmente distinto al actual porque otras federaciones – que ahora están en segunda fila- entrarían ahora en juego.

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Economía andaluza, el modo de producción COPITA lista

Escrito por José García Domínguez, en Libertad Digital

miércoles, 22 de octubre de 2008

El clímax de ese peculiar capitalismo más anestesial que asistencial implantado en Andalucía desde hace un cuarto de siglo es justamente eso: el copitalismo. Admitámoslo de una vez, aquella forma más bien libertaria de organizar la producción y la distribución de las cosas, simplemente, murió de éxito durante el verano del año 2008 de la era cristiana. De ahí que, a estas horas, el sistema capitalista esté más acabado que el tupé de Anasagasti. Sería, pues, el instante procesal de buscarle una alternativa, si la lúcida clarividencia del gran Manolo Chaves no hubiera dado ya con ella, claro. Porque a rey muerto, rey puesto. Así, si el difunto capitalismo nació en Inglaterra con Marx y Engels ejerciendo de comadronas intelectuales del sonado evento, el nuevo régimen llamado a sustituirlo, el modo de producción copitalista, que por tal responde, acaba de ver la luz en las Bodegas Hidalgo-La Gitana, de Sanlúcar de Barrameda. Que hasta allí, según nos cuenta El Mundo, son acarreados, en autocares fletados por la Junta de Andalucía, los obreros despedidos de la aeronáutica Delphi a fin y efecto de introducirlos en los secretos "del proceso de elaboración de la manzanilla". Huelga decir que, una vez asimilado el arcano del asunto, los parados "pueden degustar como cortesía el célebre vino sanlurqueño", tal como confesó uno de sus "profesores" al periodista. Al parecer, ese intenso programa formativo de la Junta se complementa con visitas colectivas al zoo y el visionado de películas que aportan los propios desempleados. "Uno de ellos dice haber visto [en horario lectivo, naturalmente], entre otras, Hulk, El golpe, El héroe americano y el Rey Escorpión", explica el diario. Una copita aquí, otra copita allá, esta ronda a cuenta del Erario y la siguiente también a cargo del Estao, la razón de ser del copitalismo, a diferencia de su estresante predecesor, no consiste en producir nada sino, muy al contrario, en esforzarse para no dar un palo al agua. De lo que se trata, en fin, es de pasarlo lo más mejor posible, con mucho cachondeo, mucha guasa, mucho arte y, sobre todo, de poner sumo cuidado y atención en no hacer na de na. Al cabo, si la fase superior del socialismo, el ansiado estadio final del desarrollo pleno de las fuerzas productivas, había de ser el comunismo, el clímax de ese peculiar capitalismo más anestesial que asistencial implantado en Andalucía desde hace un cuarto de siglo es justamente eso: el copitalismo. Venga, marchando otra de gambas...